El hecho de que el software libre y especialmente GNU/Linux (movimiento que surge a principios de los 90) se fuera extendiendo a lo largo y ancho del planeta, hizo que las administraciones públicas se planteasen apostar por el software libre como alternativa al software privativo. Si bien es cierto que la pionera en España fue la comunidad extremeña, poco ha sido el tiempo transcurrido hasta que otras comunidades han decidido seguir sus pasos.
Mayoritariamente, las comunidades autónomas han optado por Debian como distribución1 en la que basarse para desarrollar la suya propia, entre otras razones, por ser ésta la más “libre”, ya que no existe una dependencia de una empresa como en otros casos y poseer unos principios y una “constitución” que garantiza que va a seguir siendo libre.
Hoy,la estabilidad de esta distribución (una de sus principales ventajas), está pasando a un segundo plano al dar prioridad a otras características, entre las que cabe destacar la frecuencia de actualizaciones, lo que redunda en una mejor detección del hardware y la disponibilidad de versiones más modernas de las aplicaciones incluidas. Esto ha motivado que muchas CCAA hayan decidido pasarse a Ubuntu2, distribución que se basa en Debian, pero que publica cada 6 meses una nueva revisión con las últimas versiones de las aplicaciones.
Otra cuestión importante ha sido seleccionar un entorno de escritorio3. También aquí, las CCAA han coincidido y en su mayor parte han optado por el sistema GNOME, frente a KDE (los dos más conocidos). Aunque existen razones que justifican la elección de cualquiera de ellos, es cierto que, al menos inicialmente, GNOME era “más libre”, y tiene una accesibilidad más desarrollada. No obstante, la elección de un entorno u otro es algo que levanta pasiones entre los usuarios de ambos escritorios y muchas distribuciones permiten utilizar tanto uno como otro.
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